Privilegios a los juegos estatales, doble vara de medir

La regulación de los juegos de azar, ya sean loterías, salones presenciales, máquinas tragaperras o casas de apuestas y casinos en línea, ha sido un tema importante de regulación que concierne a los estados. Tanto por velar por un juego fiable y justo, en el que no hayan malas praxis, o por la vertiente de salud pública y promover el juego responsable y evitar las adiciones a los jugadores.

En los últimos años, hemos visto cómo cada vez más países, han regulado en especial, el juego online. Algo que desde la industria ha sido bien aceptado, porque enmarca a todo el mundo a cumplir las mismas normas y quedan claras sus pautas, dejando atrás los que juegan sucio. Además, los proveedores han visto claro que es beneficioso para la industria, que el juego sea seguro y responsable y proteger a sus jugadores de adquirir malos hábitos que puedan suponer un perjuicio para su salud.

Lo cierto, es que hemos visto cómo las normas son cada vez más restrictivas, y está bien regular si se detectan nuevos condicionantes, lo negativo es que en algunos casos, se ha podido asociar algunas políticas a un posible rédito político para el gobernate y ahí es cuando entran los conflictos.

Desde siempre, hemos sido y seremos, grandes defensores sobre lo que es la lucha por el juego seguro y responsable. Hemos apoyado las iniciativas que tratan de evitar ciertos hábitos nocivos a los jóvenes. Pero lo que hemos visto es una clara doble moral sobre lo que es la regulación en el ámbito del juego privado y el juego que depende directamente del estado. Y esto pasa no solo en España, sino en otros muchos países de nuestro entorno.

Mientras que se han prohibido los patrocinios de casas de apuestas y casinos online en el ámbito del deporte, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), tiene suscrito patrocinios con varias federaciones deportivas españolas como sería la de natación, balonmano, atletismo, baloncesto, gimnasia y al que le sigue un largo etc, la Real Federación Española de Automovilismo o sin ir más lejos sus patrocinios en la Vuelta ciclista de España o el acontecimiento deportivo DAKAR 2022. El año 2021 se prohibió la imagen de deportistas promocionando operadores de juego privado, a la vez que veíamos el logo de SELAE en todo tipo de acontecimientos deportivos.

SELAE trata de captar en una campaña de marketing a jóvenes jugadores de entre 18 y 25 años y a la franja de jubilados, mayores de 65 años

Esta semana, el escándalo ha saltado cuando se ha hecho público en los medios, uno de los contratos de publicidad que ha firmado SELAE para este año 2022. Donde lo que más ha sorprendido, no solo es la cantidad del contrato, de más de 3 millones de euros, sino uno de los targets de captación a los que va dirigido, los jóvenes. El objeto del contrato era el “servicio integral de creatividad, comunicación y publicidad, para los juegos de apuestas deportivas e hípicas (La Quiniela, Elige 8, El Quinigol, Lototurf y Quintuple Plus) así como sus juegos asociados…”. Y lo que ha sorprendido es que contradiciéndose, tras crear una normativa que restringe la publicidad a las actividades de juego y su especial incidencia en la protección de los menores de edad y el público joven, ahora no se repare en detallar que el contrato publicitario en parte tiene como objetivo “atraer a más consumidores, especialmente en el segmento de jóvenes aficionados al fútbol mayores de 20 años” y “fidelizar la participación en el juego, convirtiendo jugadores ocasionales en habituales”. No solo eso, la franja de jubilados es otro de sus objetivos de captación, los jugadores mayores de 65 años. Ha llegado un punto en que esta doble vara de medir es cada vez más descarada.

El contrato ha sido adjudicado a una pequeña empresa madrileña de publicidad, No Line Worlwide, y tiene previsto una duración de dos años.

De todas formas, lo cierto es que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado es una sociedad del Grupo Patrimonio, dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mientras que quien ha regulado el juego online ha sido la Dirección General de Ordenación del Juego que es un órgano del Ministerio de Consumo.

Hemos de recordar que el año pasado, el Ministerio de Consumo de España, creó una nueva regulación que actualizaba la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego online. Esta nueva norma hacía especial hincapié en aumentar la protección para los jugadores más jóvenes. Donde se diferenciaba a los jugadores de menor edad del resto, definiendo qué "jugador joven" será considerado aquel de 25 años o menos y no podrá beneficiarse de obsequios, ni podrá entrar en los programas de clientes privilegiados entre otros detalles. Lo que les privaba de la participación de promociones, bonos de casino, torneos de tragaperras con dinero real o de los programas Vip de los casinos online.

Viendo estas diferencias opuestas entre sí crean serias dudas sobre la ética, el bien común o el bien para uno mismo. Se supone que el estado tendría que ser un ejemplo en todo momento y ser escrupuloso en sus acciones, aunque en este tema parece solo mira su propio beneficio en vez de velar por la protección del ciudadano y la igualdad de las empresas privadas.

Ciertamente, uno duda si algún día se pondrá remedio a este despropósito, o por el contrario, si seguirá mirando hacia adelante sin mirar las consecuencias que deja atrás.